Santa Cruz recibió recursos nacionales por $ 1.435 millones desde enero último y entre 2016 y 2017 la provincia sumará transferencias automáticas por Coparticipación Federal del orden de los $ 20.000 millones, según cifras de la Rosada.
Sin embargo, los números no cierran: aumentó 54% el empleo público en menos de 10 años y muestra un déficit de $ 4.845 millones al cierre consolidado de 2015, a pesar de que disminuyó la inversión en obra pública a 4% en 2016, según proyecciones oficiales de carácter público.
La provincia, base política del kirchnerismo, recibió desde el Gobierno nacional una cifra que ya representa el 62,9% de los adelantos financieros que se remitieron en apoyo para pagar salarios y aguinaldos durante todo el año 2016 ($ 1.860 millones).
LA SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA
Así, la provincia patagónica vive hoy una conflictividad creciente que tuvo su pico con los incidentes registrados frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, pero que tiene como antecedentes una seguidilla de huelgas en todos los sectores públicos, marchas de antorchas, ocupaciones de edificios estatales, escraches y un gobierno provincial que asegura no tener fondos para encarar las paritarias.
Si bien la gobernadora Kirchner planteó desde el inicio de su mandato una compleja situación por la que responsabilizó al ex mandatario Daniel Peralta, este año el panorama se tornó más oscuro por la contundencia de las protestas y la generalización a distintos sectores del Estado provincial.
En la apertura de sesiones de este año, el 1 de marzo, Kirchner blanqueó que no tiene plata para pagar los sueldos de la provincia en tiempo y forma. “Nos dejaron la provincia quebrada” es una frase repetida de la gobernadora.
Desde el inicio del ciclo lectivo, el 6 de marzo, solo hubo unos pocos días de clases por los paros de los maestros, a quienes se les ofreció un incremento salarial del 3%.
La salud es otro sector paralizado por los reclamos salariales. La Asociación de Profesionales de la Salud (Aprosa) exige la reapertura de las paritarias.
En la Justicia provincial, se replica la conflictividad de otros sectores. Empleados del sector mantienen tomado el Tribunal Superior de Justicia para exigir que se les pague el mes de marzo.
La misma situación atraviesan estatales y jubilados.
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